APT-NORTE es una Corporación Ambiental fundada en el año 2018 con el apoyo de CASA y reconocida por el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador.

 

En el año 2016, el gobierno de Ecuador anunció un modelo extractivo radical basado en el establecimiento de la minería industrial como una estrategia económica a largo plazo.

 

Imprevistamente el Valle de Intag, uno de los lugares con mayor biodiversidad en la Tierra, estaba cubierto por 24 concesiones mineras, cubriendo el 85% de su territorio.

 

Las violaciones de los derechos humanos y las regulaciones ambientales rápidamente se aumentaron, ya que los intereses transnacionales y gubernamentales comenzaron el desagradable trabajo de comprar a los gobiernos locales y promover la exploración ilegal de áreas concesionadas.

 

APT-NORTE fue fundada por miembros de todo el valle del Río Intag para servir como una voz colectiva legal en defensa de los derechos de propiedad, la seguridad del agua y la naturaleza.

 

APT-Norte brinda asesoría legal gratuita a los miembros que defienden sus derechos constitucionales frente a los intereses mineros transnacionales. APT-NORTE también administra un fondo legal para subsidiar el costo de acciones legales en nombre de los miembros.

 

 

Estos son los derechos constitucionales que defienden la APT-NORTE:

 

Artículo 32

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

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Artículo 41

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

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Artículo 57.7

La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre aviones y programas de prospección, explotación y limitaciones de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que pueden afectar ambientalmente o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reportan y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causan. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtiene el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.